El aborto voluntario es legal en Argentina. El resultado de la votación en el Congreso de la Nación fue esperado por las mujeres, muchas en la calle sin dormir y otras tantas, en sus casas. Después de años de activismo y militancia de los movimientos de mujeres (feministas y transfeministas), y con el antecedente legislativo de 2018, finalmente fue sancionada en Argentina la Ley Nro 27.6101, enmarcada en el artículo 75 de la Constitución Nacional y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina, que tiene como objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención post-aborto. El 30 de Diciembre de 2020 la noticia de que Argentina integra el grupo de países del mundo donde el aborto es legal (ver Figure 1 2) se difundió ampliamente en los medios de comunicación formales e informales.

Figure 1

Se llega a la promulgación3 de la mencionada ley en un contexto histórico, político, social, económico y sanitario marcado por el fortalecimiento del movimiento feminista luego de años de trabajo por el reconocimiento, la ampliación y la legitimación de derechos para las mujeres y personas con otras identidades de género.

Los derechos por los que se ha peleado históricamente son: el voto femenino (Ley 13.010), el cupo femenino en las listas electorales (Ley 24.012), la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres (Ley 26.485), la identidad de género (Ley 26.743), la Ley de Trata (Ley 26.364) y aquellos vinculados a la salud reproductiva como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI: Ley 26.150), la de acceso a intervenciones contraceptivas quirúrgicas (Ley 26.130), la de acceso a métodos anticonceptivos (Ley 25.673) -a través de la creación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, actualmente convertido en Dirección- e Interrupción Legal del Embarazo (Art. 86 del Código Penal, modificado a partir de la Ley 27.610).

A partir de ahora empezamos a transitar un camino en el cual trabajadores y trabajadoras de la salud debemos garantizar el acceso a la IVE. Por esta razón consideramos necesario releer algunos testimonios de mujeres que ayudan a comprender los daños que les han sido ocasionados4, 5 y recuperar las investigaciones que han visibilizado los obstáculos a la interrupción legal del embarazo (ILE): desconfianza por parte del equipo de salud respecto del relato de quien está solicitando la ILE, demoras en el acceso, victimización de la persona gestante, violencia institucional, prejuicios etc.

"Estoy esperando que me entreguen el botón antipánico. Él ya me apuñaló una vez. Pero sigue entrando a mi casa, por la fuerza, borracho. Y me viola. Yo no puedo tener otro hijo de él" - emisión de una mujer recogido por Dra. Carcedo de “Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir”

"Hija de puta, mirá lo que hiciste, mataste a tu hijo", me dijo un enfermero que me maltrató física, moral y psicológicamente" - Belén -nombre ficticio para preservar su identidad, de una mujer que en 2014 fue presa en Tucumán por un aborto espontáneo- , cuando relata cómo fue maltratada por un sistema sanitario que violó su privacidad y la confidencialidad de su caso, y llevó a la justicia una situación a partir de prejuicios

En cuanto al marco jurídico previo de ILE, la Ley 27.610 destraba el punto de “las causales de ILE”, que generaba inseguridades en el equipo de salud, probablemente por cuestiones morales disfrazadas en la excusa de la ilegalidad. Sin embargo, no debemos olvidar otras barreras al acceso de este tipo de derechos que han sido documentadas -el acceso a la medicación, la OC, la falta de capacitación-, sobre las que amerita reflexionar e implementar acciones para que sean superadas.

En relación a la ILE, el director de un hospital privado dijo en 2017 “debemos hacer lo que hay que hacer”, y el director que le siguió dijo “queremos hacer lo que hay que hacer”. Entonces, para seguir avanzando, deberíamos revisar nuestra práctica en relación a los obstáculos identificados en estudios recientes realizados en Buenos Aires6, que revelan la necesidad de capacitación formal de todo el equipo de salud (enfermería, instrumentación quirúrgica, ecografía, obstetricia, ginecología, medicina general/familiar, medicina interna y pediatría), ya que el entrenamiento en esta temática representa un vacío en los programas de grado, de residencias y en las instituciones sanitarias en general7, 8, 9.

El acceso a la medicación (el misoprostol) es uno de los obstáculos centrales para garantizar el acceso a la práctica, en parte debido a que su prescripción ha estado amarrada a temores e inseguridades vinculados con la clandestinidad10. Destacamos que el manejo farmacológico desde la práctica médica debería ser un tema de educación continua que incluya a su vez a los/las farmacéuticos/as, así como cuando se le dio difusión y transparencia a la anticoncepción de emergencia (AHE) post coito, lo que mejoró su acceso11, 12.

La OC es un elemento clave para trabajar dentro de las instituciones y, tal como dice la ley resumida en este artículo, el/la profesional objetor/a tiene la obligación de hacer una derivación efectiva de la paciente sin dilaciones, ya sea que ejerza su práctica en el sector estatal o en el privado13, 14.

Otro aspecto que merece especial atención es el de la comunicación en la consulta, que implica no sólo ofrecer información clara en cuanto a indicaciones, seguimiento y pautas de manejo, sino también garantizar la confidencialidad y el resguardo del secreto médico. Si bien son aspectos éticos que se aplican a todas las prácticas médicas, cabe resaltar que particularmente en la IVE no deben fallar dada la sensibilidad del tema, considerado por muchos como tabú. Además, probablemente lleve un tiempo extra desarmar la condena social y la estigmatización, ya que esto requiere de la maduración social de sectores conservadores.

En cuanto a los procesos que suelen asociarse a calidad de servicio y gestión sanitaria -la capacitación y el acceso farmacológico mencionados estarían dentro de este punto-, evitar la demora en acceder a la consulta es clave, puesto que la ley establece el plazo de las 14 semanas gestacionales (inclusive) para el acceso a la IVE. Por lo tanto, para poder cumplir con dicho artículo de la ley, el acceso a médicos/as de familia, tocoginecólogos/as y pediatras debe estar asegurado15, 16, 17, 18.

Como trabajadores/as de la salud, nuestra posición es favorecer la atención integral de la salud de usuarios y usuarias, particularmente en este tipo de situación de vulnerabilidad en la que una persona gestante se encuentra frente a una paridad/gestación no intencional. Asimismo, consideramos que deberíamos ofrecer un espacio en el que la persona no se sienta cuestionada si solicita una interrupción de embarazo, favoreciendo una escucha activa y empática ya que entendemos que la situación de aborto, sea éste espontáneo, inducido o voluntario, sigue siendo un momento de vulnerabilidad de la persona con capacidad de gestar que requiere acompañamiento y profesionalismo por parte del equipo de salud.

El aborto, que desde 1921 estuvo restringido a causales bajo la figura de ILE, salió del armario argentino en 2018 y salió de la clandestinidad en 2020 a raíz del reclamo histórico de mujeres, madres, hijas y nietas con sus pañuelos verdes como símbolo y con el grito de “aborto legal, seguro y gratuito”.

Como parte del equipo de salud, consideramos que este es un recorrido que recién comienza y habrá que seguir sorteando obstáculos sin perder de vista la premisa de cuidar la salud de las personas gestantes que solicitan la IVE, desde una mirada integral.

"La historia de la mayoría de las mujeres está oculta por el silencio o por adornos que equivalen al silencio" - Virginia Woolf

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